ACDTIE – Asociación de Afectados por el Cambio de Denominación de las Titulaciones en Ingeniería de la Edificación

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La Universidad de Alicante fue una de las siete universidades afectadas, que incumplieron con la normativa vigente a la hora de impartir el grado en Ingeniería de Edificación. Hicieron creer a sus alumnos que podían emitir con oficialidad el título de grado del que se habían matriculado, no fue así.
No hubo sanción ni castigo para los responsables que incumplieron con la ley, la connivencia del Ministerio de Ciencia y Universidades fue indispensable para tapar este engaño, así como la de la Generalitat Valenciana. El Tribunal Supremo acabó de cerrar todas las puertas a los afectados al no admitir de manera sorprendente la retroactividad de la medida y aquí todo el mundo se sale de rositas. El sistema no funciona, ni hace atisbo de querer funcionar, mucho menos de hacer justicia.
Ahora, las Universidades que estafaron a sus alumnos, vuelven a publicitar grados y másteres con alegría e impunidad, como si no hubiese ocurrido nada. No os fieis del sistema universitario español, apesta.¿Te gustaría formarte en esa asignatura que tanto te interesa? Ahora puedes matricularte en asignaturas sueltas de los #másteres oficiales de la #UA.
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Admitida nuestra queja ante el Defensor del Pueblo.

Admitida finalmente nuestra petición ante el Defensor del Pueblo con el texto siguiente: "Una vez estudiado el contenido de su último escrito, SE DA POR ADMITIDA su queja, por considerar que reúne los requisitos establecidos en …

Grado en ingeniería de edificación, una carrera universitaria sin el título esperado, en el limbo académico para 3.000 afectados que abonaron su titulación una vez finalizados los estudios, pero que siete universidades no les pudieron entregar por no disponer de las garantías necesarias.

Dado el eco mediático sobre las irregularidades, ciertas malas prácticas y actuaciones fuera de control de parte del sistema universitario que en los últimos meses aparecen en prensa, resulta necesario exponer el caso que todavía afecta a 3.000 egresados por unas titulaciones que determinadas universidades públicas no entregaron a sus estudiantes habiéndolas abonado, una cuestión mal gestionada que la administración no ha querido subsanar, que no hace más que perjudicar y profundizar en la grave crisis y desprestigio al que está sometida parte de la universidad pública y el sistema universitario en general.

Para situar la problemática en el tiempo, hay que partir del momento en el que a los estudiantes egresados por el grado en ingeniería de la edificación entre los años 2009 y 2013 en siete universidades, les pretendieron entregar una titulación que no se correspondía con los estudios que superaron, sino a una denominación eufemística buscada con urgencia por los responsables académicos y de esta manera rehuir una prohibición judicial, de la que todos los estudiantes eran ajenos.

Estas universidades a las que nos referimos son siete: UPC Universidad Politécnica de Cataluña, URL Universidad Ramon Llull, UPF Universidad Pompeu Fabra, UdLl Universidad de Lleida, UdG Universidad de Girona, UniZar Universidad de Zaragoza y UA Universidad de Alicante, quienes por alguna razón retrasaron la tramitación de inscripciones en el RUCT hasta entrar en conflicto con una sentencia del Tribunal Supremo ciertamente controvertida.

Este conflicto resulta todavía más discriminatorio, porque mientras unos alumnos se ven impedidos para obtener el título universitario que superaron, en el resto de universidades no afectadas por esta deficiencia, los alumnos sí que pudieron obtenerlo cursando el mismo plan de estudios y al mismo tiempo, para mayor confusión todavía, a día de hoy existen cuatro universidades españolas en las que se puede obtener oficialmente y de forma totalmente legal la titulación anulada de graduado en ingeniería de la edificación

La comunidad educativa debería saber que cualquier estudiante universitario que pretenda obtener un título universitario en España, corre el riesgo de que no se garantice su obtención, dado que hay numerosos factores totalmente condicionantes y ajenos a su control, que no tienen nada que ver con el conocimiento adquirido, la aprobación de asignaturas y créditos o el esfuerzo que le suponga superar el plan de estudios que la universidad le imponga.

La cuestión de fondo no radica sobre el futuro de la ingeniería de la edificación, ya queda claro que con la intervención del Tribunal Supremo en este asunto, se ha perjudicado de pleno la sagrada autonomía universitaria, sino sobre el efecto de la retroactividad de dicha sentencia y cómo perjudica ésta a un colectivo de 3.000 afectados.

Prensa:

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Comunicado Prensa CASTELLANO

Comunicado de prensa a raíz de las irregularidades y ciertas malas praxis de la administración de control y de parte del sistema universitario.

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Comunicat de Premsa CATALÀ

Comunicat de premsa arrel de les irregularitats i certes males pràctiques de l'administració de control i de part del sistema universitari.

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A tener en cuenta por futuros estudiantes de la universidad pública.

Extracto ilustrativo de las declaraciones del rector de la UdLl en el recurso ordinario Contencioso Administrativo núm 704/2013, de fecha 28 de diciembre de 2015, que plantearon algunos afectados a título personal, y que contradice la documentación en su poder. Una información a tener presente por parte de futuros estudiantes cuando obtengan el resguardo de expedición de su título oficial.

Los títulos oficiales improvisados:

Universitat Politècnica de Catalunya:

Universitat Ramon Llull (LaSalle):

Universitat de Girona:

Universitat de Lleida:

Universitat Pompeu Fabra:

Universidad de Zaragoza:

Universitat d'Alacant:

A finales de los años 90, en Europa se empieza a desarrollar el marco normativo de lo que será el proceso de convergencia para abordar la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como el Proceso de Bolonia, con la finalidad de facilitar la movilidad, la homologación, el intercambio de titulados y el libre ejercicio de la profesión dentro del espacio común de la Unión, para culminar este proceso se decidió abordarlo en un margen máximo de 10 años. 

Transcurrido este periodo y casi en tiempo de descuento, a partir del curso 2009-2010 todas las Universidades españolas, públicas y privadas que deciden implantar los estudios habilitantes para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico, adoptan por unanimidad el nombre del GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN, después de un riguroso proceso de reflexión y análisis de la situación, de estudios y comparativas con las titulaciones del resto de Europa, con las vistas puestas en equiparar el futuro de la profesión al Espacio Europeo de Educación Superior y de actualizar la formación académica de nuestros titulados.

Este proceso contó en todo momento con el consenso de las administraciones competentes en materia de Universidades y de la organización Colegial, proyecto que concluiría con la aprobación del Libro Blanco de la Ingeniería de la Edificación, publicado por ANECA, la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se producía la siguiente VALORACIÓN DE LA COMISIÓN: 

«(…) A efectos del proyecto, se ha optado por el cambio de nombre de Arquitecto Técnico, porque dicha denominación no existe como tal en los países de la Unión Europea. Por ello se ha buscado una denominación que sea fácilmente entendible, por ser similar a la que ostentan mayoritariamente los profesionales europeos que desempeñan funciones análogas en sus países respectivos. En consecuencia por todo lo expuesto anteriormente, y con objeto de definir el Título de Grado, se realiza la propuesta de denominar al nuevo título como: INGENIERO DE EDIFICACIÓN

El origen de todo es una mala praxis por parte de las Universidades implicadas, una pasividad exultante de las respectivas Direcciones Generales de Universidades en las Comunidades Autónomas y una intransigencia insólita agravada por un exceso de celo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a partir de los primeros meses de 2012, que coincide con la formación del nuevo Gobierno después de las Elecciones Generales de noviembre de 2011.

Este desastre administrativo gira siempre en torno a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de marzo de 2010, sentencia ciertamente controvertida por varias razones, entre otras porque así lo aprecia el propio presidente de la sala del Tribunal Constitucional en el voto particular que emite, todo y que se deniega el recurso de amparo. A principios de 2012, el Ministerio de Educación complica el conflicto con su negatividad para inscribir las titulaciones oficiales en el RUCT, hecho que hubiera permitido establecer su oficialidad, sin aportar ninguna solución ad-hoc satisfactoria que de forma excepcional y puntual defendiera los derechos de los miles de alumnos afectados. Para rematar el absurdo, las Universidades acceden sumisamente a tal vulneración de nuestros derechos sin rechistar y optan por cambiar la denominación de las titulaciones oficiales, que para mayor infamia, escogen denominaciones distintas y de lo más variopintas entre Universidades.

El principio de autonomía universitaria que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, queda comprometido con esta sentencia, un principio que precisamente sostiene que la Universidad debe ser autónoma con plena independencia política y administrativa. Pero aun así y todo, por increíble que parezca, las Universidades iniciaron la impartición de los estudios de Grado en Ingeniería de Edificación a partir del curso 2009-2010, sin haber completado el procedimiento legal establecido, los alumnos no lo sabíamos y no fuimos avisados con anterioridad, es más, de haber sabido en realidad que la titulación que nos iban a librar iba a ser distinta a la esperada, ninguno de nosotros hubiéramos optado por estudiar en estas Universidades, lo hubiésemos hecho sin duda alguna en cualquier otra de las que finalmente terminó librando a sus estudiantes el título de Graduado/a en Ingeniería de la Edificación.

En concreto, en el caso de Cataluña, una vez publicada la Orden ECO/44/2011 (DOGC 25/3/11) que aprobaba la implantación de los estudios, se encontraron con la negatividad del Ministerio de Educación a dictar el Acuerdo del Consejo de Ministros que declaraba la oficialidad de los títulos impartidos y éstos no accedieron al RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos). Así pues las Universidades implicadas optaron por un cambio de denominación unilateral con efectos retroactivos desde la fecha del inicio de la impartición de los estudios.

Esta decisión no ha resuelto el problema, más bien lo ha agravado, dado que ahora existe algo más de 3.000 afectados a nivel nacional a quien se priva del título del que se matricularon, que obtuvieron legalmente y que se ven discriminados injustificadamente respecto a estudiantes de otras Universidades españolas y Comunidades Autónomas, que incluso con sentencia judicial anulatoria de la denominación, han visto reconocido su derecho y han obtenido el título cursado de Graduado/a en Ingeniería de Edificación.

Porque a pesar del perjuicio que se nos ha causado, a pesar de que se ha visto seriamente comprometido este intangible que supone la credibilidad y el prestigio del sistema universitario, seguimos queriendo confiar de buena fe en el sistema académico y sus mecanismos de corrección y control para que no se vuelvan a producir estas praxis, se sancione a los responsables y para que la administración se ponga del lado de los afectados y no del mercantilismo aprovechado de las Universidades que supuso el admitir la matriculación en tromba de los afectados, sin poder cumplir las expectativas que se les ofrecieron.

Cabe preguntarse cómo hubiesen solventado un problema de esta índole en cualquier Universidad Europea, cómo hubiera respondido la administración central en materia educativa y si tendrían el mismo grado de comprensión que tenemos los afectados en caso que un alumno extranjero procedente de cualquier país de la Unión, conociera y tuviera que comprender el embrollo que venimos tolerando pacientemente y de forma discreta los más de 3.000 afectados, parece razonable afirmar que la cuestión acabará afectando al prestigio del sistema universitario español.

Seguimos queriendo confiar que toda esta serie de despropósitos torticeros son un caso aislado y que al final se solucionaran en su justa medida enseguida que alguien con sentido común y voluntad política, inste para se corrija la situación a voluntad y satisfacción de los afectados.

El currículum de los Afectados sin duda se ha visto reducido, no legalmente pero si administrativamente, ya que la titulación universitaria que cursamos ha sido eliminada, no sustituida.

El nombre de la titulación otorgada es importante, es tan importante que precisamente es lo que ataca en su núcleo la STS de 9 de marzo de 2010, dado que es nuestra carta de presentación curricular y afecta a la percepción social de la profesión. Todo el mundo puede comprender que en un caso de vida o muerte, no generará la misma confianza del paciente ponerse en manos de un “matasanos” o de un médico cirujano, aunque ambos hayan superado el mismo plan de estudios y estén igual de capacitados para ejercer su profesión.

El nombre es importante, más en el caso de compañeros de profesión que trabajan en el campo de la rehabilitación estructural, o en el campo de la seguridad y salud, hablamos de vidas humanas, percepciones que pueden afectar a la negligencia profesional en caso de litigio, seguros de responsabilidad civil obligatoria, el nombre sin lugar a dudas altera la percepción social y el Graduado en Ciencia y Tecnología de la Edificación no contribuye a mejorar la de la profesión para la que habilita.

La cadena de confianza en la administración se ha visto comprometida en este proceso, se pretende tapar todo este mal apaño con otro mayor, las titulaciones que nos pretende librar la Universidad en sustitución, a nuestro entender, vulneran la disposición adicional decimonovena de la Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, en el sentido que no se puede utilizar denominación alguna que por su significado, pueda inducir a confusión con la profesión regulada para la cual habilitan.

Acreditar a perpetuidad que los Graduados/as en ciencias y Tecnología de la Edificación son lo mismo que los Graduados en Ingeniería de Edificación, que completaron el mismo plan de estudios, pero que tuvieron la desgracia de estudiar en una Universidad Catalana, de Alicante o de Zaragoza, es simplemente agotador y decepcionante.

Todo este atropello y vulneración de derechos que supone cambiar las reglas del juego académico establecidas, dejando por el camino a más de 3.000 afectados a nivel nacional para que acarreen en exclusiva los errores de otros, no es de recibo. No puede ser que la obtención de un título universitario oficial en España no dependa sólo del trabajo del alumno para aprobar el plan de estudios que condiciona, sino que además dependa de otros factores ajenos que no tienen relación con su esfuerzo, es una absurdidad, el sistema debería ser más garantista para no acabar perdiendo su prestigio.

Por ello los exalumnos y exalumnas perjudicados por las Universidades implicadas UPC Universitat Politècnica de Catalunya, URL Universitat Ramon Llull (Arquitectura LaSalle), UPF Universitat Pompeu Fabra, UdG Universitat de Girona, UdL Universitat de Lleida, UA Universitat d’Alacant y Uzar Universidad de Zaragoza que cursamos la titulación oficial de Graduado en Ingeniería de Edificación durante el período 2009 a 2013 en Cataluña, Alicante y Zaragoza, constituimos legalmente con personalidad jurídica propia en 2017 la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LAS TITULACIONES EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN, entidad sin ánimo de lucro que agrupa a todos los afectados sin distinciones, en aras de solucionar la situación torticera.

La Asociación tiene por finalidad la de conseguir el reconocimiento oficial institucional y académico de los estudios universitarios que cursamos y superamos como Graduados/as en Ingeniería de Edificación, hecho que la administración y las Universidades nos deniegan abiertamente sin ninguna compensación.

Dado que la administración desea que el problema vaya quedando en el olvido y los afectados no tengan más remedio que asumir la impericia de otros por la vía de la conformidad, durante 2017 decidimos agruparnos y asociarnos, como medida de presión que deberíamos haber realizado mucho antes, para poder llevar a cabo de forma coordinada todas las acciones a nuestro alcance para la obtención del título que superamos y nos pertenece, que no es otro que el de Graduados/as en Ingeniería de Edificación.

De las diferentes reuniones de trabajo que se han mantenido, se plantearon varias alternativas a explorar que podrían solucionar el problema, repartidas en distintas líneas de trabajo que desarrollamos en paralelo para agotar todas las posibilidades.

No obstante, hemos dado con una solución consensuada y sencilla, que zanjaría definitivamente el problema de todos los afectados, solución que es administrativamente correcta y jurídicamente respetuosa con el contexto, y va a ser la que propondremos con mayor interés por la vía del diálogo.

  • Porque es la única forma de defender nuestros derechos de primera mano, con la contundencia, fuerza y legitimación que nos otorga la causa.
  • Porque para defender nuestros intereses legítimos con cualquiera de los medios admitidos en derecho, incluyendo las acciones judiciales si fuera el caso, es necesario repartir mejor el coste y la carga.
  • Porque informaremos sólo a los asociados de las actuaciones que se vayan desarrollando y del estado de la cuestión, de manera que puedan reaccionar con rapidez en caso que haya que culminar algún trámite con urgencia.
  • Porque no debemos esperar siempre que otros compañeros resuelvan los problemas que nos afectan, nadie mejor ni con más ganas que nosotros mismos para solventarlos.   
  • Porque la solidaridad es muy importante para el resto de la comunidad universitaria y de profesionales, pensando que esto que hoy nos ha ocurrido a nosotros mañana le puede ocurrir a otro, por ello nuestros estatutos contemplan también la incorporación del socio simpatizante o solidario, en forma de persona jurídica.

La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, la conformamos profesionales que en nuestro tiempo libre y como se ha explicado con anterioridad, nos organizamos en diferentes líneas de trabajo. Puedes contribuir a ellas si tienes ganas y tiempo para dedicarte, tan sólo nos debes remitir un correo electrónico y hacérnoslo saber.

En caso que no puedas contribuir con tu esfuerzo, te pedimos que te hagas socio abonando una pequeña cuota a fondo perdido, que nos permitirá mantener bajo mínimos la página web y su actividad. De forma periódica y en la medida que se acuerden por votación las acciones a desarrollar, bien sean de carácter legal o de otra índole, la Asociación determinará las cuotas de capitalización a repartir entre los afectados en las zonas de Cataluña, Alicante, Zaragoza o bien en contingencias comunes. El remanente de estas cuotas serán devueltas proporcionalmente a todos los socios en la medida que corresponda, una vez se culmine la finalidad que defendemos.

La Asociación trabajará en exclusiva para sus asociados, con nombres y apellidos, quienes siempre tienen voz y voto en la asamblea. Debe quedar claro que no nos emplearemos en la defensa de todo aquel o aquella que no ostente la condición de socio. No consideramos una actitud solidaria esperar que se aplique el principio “erga omnes” en el resultado final, ni tampoco será rentable económicamente como forma de cooperar en este conflicto que padecemos, velaremos encarecidamente para que nuestras acciones sean sólo en beneficio de los asociados que concurran y no pueda obtener beneficio quien no haya sido solidario.

Si todavía no eres socio/a es importante adquirir esta condición lo antes posible, dado que a medida que aumente el saldo depositado a favor de cada socio por las aportaciones realizadas, se deberá hacer frente al mismo de una sola vez para adquirir esta condición de pleno derecho.

Si tienes cualquier duda que quieras plantear, estamos abiertos a sugerencias. Puedes contactarnos a través del Formulario o dirigirnos un correo a info@acdtie.es

También puedes hacerte socio/a directamente rellenando esta Solicitud y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Te recomendamos encarecidamente que no recojas tu título oficial en la Universidad, a menos que aceptes la denominación que te han impuesto sin tu consentimiento ni tu conocimiento previo, pero en caso que lo hayas hecho, dirige una instancia al rector comunicándole que no lo aceptas. En caso que no lo hagas, la Universidad y el Ministerio de Educación, pueden entender que con tu silencio, aceptas y asumes la situación.

Ponte en contacto con nosotros y te informaremos sobre qué pasos seguir. Puedes hacerlo a través del Formulario o enviándonos un correo a info@acdtie.es

Si bien la defensa directa de la Ingeniería de la Edificación y de su futuro profesional corresponde a entidades como son los Colegios Profesionales, la ASAT Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación o el CGATE Consejo General de la Arquitectura Técnica, la Asociación facilitará toda su ayuda y colaboración para que protejan con eficacia su defensa, así como si cabe, tomará las acciones directas que resulten necesarias para acompañar a tal fin.

En cualquier caso, queda claro que de cara al futuro debe tener continuidad el amplio trabajo que supuso la redacción del LIBRO BLANCO DE LA INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN que fue avalado por la ANECA y el Consejo de Universidades. Seguiremos muy de cerca la evolución de la profesión con las vistas puestas en un futuro no demasiado lejano, en el que se liberalizaran las profesiones reguladas, momento en el que el conflicto volverá a ser motivo de debate.

Cabe lamentar el tiempo perdido y la inmejorable ocasión desperdiciada para la armonización de las titulaciones universitarias españolas respecto a las de nuestros colegas Europeos, los BUILDING ENGINEERS, habiéndose producido en este periodo la rotura del espacio Europeo de Educación Superior que pretendía armonizar el Proceso de Bolonia, algo que no se debe volver a producir en tanto que los Tribunales intercedan en la autonomía y la independencia de la vida académica.

Mientras tanto, para conseguir ciertos resultados y tanto el reconocimiento social como el reconocimiento internacional que ahora mismo nos niega la sentencia del TS de 9 de marzo de 2010, es necesario fomentar el trabajo en equipo, adquirir un nivel de excelencia en la profesión y trabajar en equipo con las vistas puestas en Europa.

Es obvio que a medida que en un futuro se encuentre la vía para que más estudiantes obtengan el título con la denominación de Graduado/a en Ingeniería de la Edificación o el equivalente de Building Engineer, conseguiremos mayor aceptación en la Unión Europea y la velocidad de propagación, reconocimiento internacional, y prestigio terminará por llegar a pesar de la poca comprensión del actual Gobierno.

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